El pasado 5 de agosto, por primera vez, hizo pública la oferta de vacantes de Auxiliares de Educación Especial (AEE) para el curso 20/21. Y tristemente tenemos que decir que tras esta publicación se esconde un recorte sin precedentes, hasta el extremo de que NO existe ninguna vacante a jornada completa en todo Aragón para ningún centro preferente ni ordinario.
Esta merma generalizada en toda la Comunidad Autónoma, pone en evidencia que hay una decisión política detrás y constata un grado de precarización del empleo inadmisible para este colectivo. Desde las AMPAS de los CEIP Lucien Briet, Ciudad de Zaragoza e Hispanidad consideramos que:
- Este recorte implica un empeoramiento de la calidad de la atención educativa del alumnado más vulnerable y repercute en la calidad de la atención educativa a todo el alumnado del centro.
- Contraviene la normativa autonómica y la Convención de Derechos para las personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.
¿Quiénes son las AEE y qué consecuencias directas tiene este recorte?
En primer lugar, el valor de las AEE tiene mucho que ver con el valor que se dé a la inclusión educativa en el colegio y su dinámica cotidiana.
Las AEE tienen una función central de colaboración con el equipo docente para que el alumnado más vulnerable se pueda desenvolver en el centro, adquiriendo mayores cuotas de autonomía en la actividad diaria. Estas profesionales intervienen para mejorar su interacción social, su autonomía en momentos no estructurados como los desplazamientos y transiciones, su participación en actividades complementarias (salidas…) o sus aprendizajes en habilidades relacionadas con la alimentación y la higiene… Todo ello, momentos y ámbitos de gran relevancia para que el alumnado con NEE pueda tener presencia, participar y progresar con garantías en el contexto escolar.
El apoyo de estas profesionales tanto en el horario lectivo como en el horario de comedor resulta clave e insustituible, pues ni el profesorado ordinario ni las monitorias de comedor tienen formación específica o funciones a este respecto.
El papel de las auxiliares adquiere reconocimiento y valor en un centro cuanto mayor es el compromiso de este con la educación inclusiva. Es entonces cuando las auxiliares pasan a formar parte del equipo de profesionales que atiende el cole y se integran en la parte no visible de la atención educativa al alumnado. Así pasan a formar parte de coordinaciones con equipo docente y especialistas y participan en la atención a las familias, ofreciendo información y pautas que resultan claves en el proceso evolutivo y los aprendizajes de este alumnado. Una de las consecuencias más graves de este recorte es que estas funciones, menos visibles pero de gran relevancia, no podrán realizarse.
Además, uno de los ámbitos que se quedará sin apenas atención será el tiempo de comedor, donde estas profesionales actúan como figura de referencia imprescindible para algunos niñ@s, y sobre todo, haciendo que el comedor se convierta en un espacio verdaderamente educativo.
El recorte en las horas de atención quizá también afecte al tiempo del recreo, donde su papel consiste en estimular la interacción entre iguales y el juego libre. Gracias a las AEE en este tiempo ganan todos los niños y niñas: quienes tienen más dificultad para la relación social y quienes lo tienen más fácil, porque ponen a su alcance experiencias cualitativamente distintas que pueden despertar habilidades muy potentes.
¿Es legal este recorte?
Por otra parte, con este recorte se está incumpliendo la propia normativa del Departamento de Educación. La orden de 9 de octubre de 2013 que regula los centros preferentes para alumnado con TEA establece que habrá una profesional AEE (37 horas) para un máximo de 7 alumnos/as con TEA. Con las vacantes publicadas, se adjudicará, en el peor caso de que tenemos constancia, 20 horas para un aula que supera los 7 alumnos o un centro que abre una nueva aula sin que se amplíe la dotación.
De esta forma, la inclusión es inviable. Nuestro Departamento de Educación estará por tanto, vulnerando no solo su propia normativa, sino, además, la Convención de Derechos para las personas con discapacidad, que en su artículo 24 establece la obligación de las administraciones para “acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad, en igualdad de condiciones con las demás personas”, lo que implica ofrecer los apoyos suficientes y necesarios para “desarrollar el máximo potencial de todos los individuos para promover su futura participación efectiva en una sociedad libre”.
Zaragoza a 10/08/2020
AMPA Albada (CEIP Lucién Briet), AMPA Ciudad de Zaragoza (CEIP Ciudad de Zaragoza) y AMPA Rubén Darío (CEIP Hispanidad)
